En representación de la DINAPI, el director general de Observancia, Fernando Garcete, participó de la apertura del “Taller sobre Medidas contra el Comercio Ilegal de Agroquímicos”, organizado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Oficina de Patente y Marca (USPTO, por siglas en inglés). El mismo cuenta con la presencia de autoridades de Argentina, Brasil, Perú, Uruguay y Paraguay, y se desarrolla hasta el próximo viernes 5 de agosto, en Asunción.

Durante la apertura del encuentro, el asesor legal residente del Departamento de Justicia del gobierno norteamericano, Brian Skaret, manifestó que en estas jornadas se buscarán proteger el medio ambiente, el trabajo agrícola y principalmente la producción de alimentos saludables. En ese contexto, resaltó que se brindarán las informaciones necesarias a las autoridades presentes, encargadas de la aplicación de las leyes y de determinar las sanciones por las infracciones en el comercio ilegal de los agroquímicos.

A su vez, La fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, indicó que el comercio ilegal de agroquímicos es un flagelo mundial grave que pone en riesgo la salud pública y el medio ambiente. Señaló también que el contrabando de estos productos genera importantes pérdidas monetarias al Estado y a los fabricantes por la violación de su propiedad intelectual.

Finalmente, el director Observancia de la DINAPI, Fernando Garcete, resaltó que este tipo actividades interinstitucionales generan un gran flujo de información, que permite trabajar con mayor conocimiento en materia de observancia de derechos de propiedad intelectual. “Para la DINAPI este taller es de suma importancia porque nos anima a seguir combatiendo este flagelo internacional que nos afecta a todos”, puntualizó.

Cabe destacar que, según un reporte de la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU), se estima que un 15% del comercio mundial de agroquímicos es ilegal. Este ilícito genera preocupación de las autoridades de los países de América Latina, debido a las extensas áreas agrícolas que poseen y el uso de estos productos en infracción, generan una amenaza a la producción de alimentos y la posible proliferación de plagas o enfermedades.