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La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), como institución coordinadora del Equipo Impulsor de la Política Nacional de Conocimientos Tradicionales, convocó a la primera reunión presencial, con el objetivo de programar las acciones para el año 2025. De este encuentro, participaron los representantes de las 29 instituciones y organizaciones que integran el grupo de trabajo.

La apertura estuvo a cargo de la directora nacional de la DINAPI, Claudia L. Franco Quevedo, quien destacó que este proceso es un esfuerzo construido “de manera colectiva y participativa, como parte de una propuesta que representa un avance fundamental en el respeto y la protección de los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos indígenas y comunidades locales.”

La jornada estuvo dirigida por la directora de Conocimientos Tradicionales e interina de Propiedad Industrial, Pamela Cristaldo, y por el director de Administración de Proyectos, Daniel Haurón. Durante el encuentro, se aprobaron las últimas actas de reunión y se revisó el anteproyecto de la Política Nacional, incluyendo observaciones y aportes de los distintos sectores. Asimismo, se prevé en las próximas reuniones la conformación de las comisiones de trabajo, así como el análisis del plan de acción y del cronograma para este año.

La sesión concluyó con un reconocimiento especial por parte de la dirección nacional de la DINAPI a los integrantes del Equipo Impulsor por su compromiso permanente con la preservación, transmisión y uso respetuoso de los conocimientos tradicionales como patrimonio vivo de nuestra identidad nacional.

La DINAPI, por la Ley 4978/12 de su creación y a través de la Dirección de Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos, busca generar políticas públicas, desde y con los pueblos indígenas y comunidades locales, para impulsar derechos colectivos que protejan estos conocimientos de la apropiación y explotación indebidas.

El Equipo Impulsor congrega a referentes de 11 instituciones del Estado, 9 organizaciones de pueblos indígenas, 9 representantes de la sociedad civil (que incluye a artesanos y afrodescendientes), así como a agencias de cooperación internacional (PNUD y FAO), quienes trabajan desde el año 2020 en marcos normativos con miras a la preservación de los conocimientos tradicionales y los saberes ancestrales de Paraguay.